“Aspiramos a construir una voz plural con diversos sectores que pujan por una política de seguridad enmarcada en los principios de nuestro actual Estado de Derecho, que sea respetuosa de los Derechos Humanos, que funcione como una garantía más de la inclusión social y que siga reformulando el rol de las fuerzas de seguridad en el contexto democrático, con un profundo control civil” Fragmento de la Convocatoria al 3er Encuentro Federal por una seguridad democrática y popular, organizado por la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional. (Dirección General de Prensa y Difusión D.G.N.)
El 8 de mayo se llevo a cabo el 3er Encuentro Federal por una seguridad democrática y popular organizado por la Campaña Nacional de lucha contra la violencia institucional. Funcionarios de gobiernos, miembros del poder judicial, legisladores nacionales y provinciales, dirigentes sociales, académicos, especialistas en la temática, víctimas y familiares de víctimas de la violencia institucional, cientos de jóvenes militantes de diferentes fuerzas políticas, se dieron cita en el Congreso de la Nación para debatir, visibilizar, poner en agenda la violencia institucional y generar propuestas.
Las víctimas contaron su experiencia de la violencia institucional. También familiares de víctimas estuvieron presentes. Rosa Bru, mamá de Miguel Bru, el estudiante de periodismo desaparecido en la comisaria 9na. de La Plata en 1993, leyó el documento final “queremos herramientas legales que reconozcan y garanticen todos los derechos de las víctimas y de los imputados, estableciendo una escala de valores, donde la vida sea más importante que la propiedad y que no se criminalice la pobreza” .
¿Por qué el 8 de mayo es el día Nacional de lucha contra la Violencia Institucional?
Porque el 8 de mayo de 1987 ocurrió la llamada “Masacre de Budge”, en la que la Policía Bonaerense mató a tres chicos. Ese día los jóvenes Oscar Aredes (19 años), Agustín Olivera (20 años), y Roberto Argañaraz (24 años) fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense en la localidad de Ingeniero Budge, Prov. de Bs.As. Tres suboficiales de la POlicía asesinaron a balazos a estos tres amigos que conversaban y tomaban una cerveza en una esquina. Agustín recibió doce balazos (siete en la espalda), Roberto, diez y Oscar, siete. Trece años más tarde, los policías recibieron la primera condena. Sin embargo, el juicio fue anulado por un error técnico. Tras un nuevo juicio, en 1994, los tres policías fueron condenados a 11 años de prisión por homicidio simple. Aún así, recién en el año 2007 los policías fueron efectivamente apresados y enviados a prisión. Este caso permitió darle visibilidad a un tipo de prácticas violatorias de derechos que tienen lugar en plena democracia. Además fue la primera vez que se habló públicamente de “gatillo fácil”: de modo en que hoy mucha gente conoce la violencia institucional extrema. El 28 de noviembre de 2012 se instituyó el 8 de Mayo como “Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional” por medio de la sanción de la Ley N° 26.811.
¿De qué hablamos cuando decimos violencia institucional?
Cuando pensamos en la violencia que ejercen las instituciones nos representamos un amplio conjunto de situaciones, que, ejercidas desde las instituciones públicas, tienen como consecuencia la vulneración de derechos de las personas. Pero cuando decimos violencia institucional damos cuenta de un fenómeno más restringido, que abarca desde la detención por “averiguación de identidad” o también conocida como doble A (averiguación de antecedentes), las torturas físicas y psicológicas, hasta las más extremas, como son el gatillo fácil, las ejecuciones policiales.
Al hablar de violencia institucional nos referimos a situaciones concretas que involucran necesariamente tres componentes: prácticas específicas (homicidios, aislamiento, torturas, hostigamiento, etc.), funcionarios públicos (que llevan adelante o prestan aquiescencia) y contextos de restricción de autonomía y libertad (situaciones de detención, de internación, instrucción).
Así llegamos a una primera definición que sirve para delimitar aquellas formas más graves que puede adoptar el accionar de los funcionarios públicos: se trata de prácticas estructurales de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, internación, etc.). (fuente: Los Derechos Humanos frente a la violencia institucional. Ministerio de Educación de la Nación)
La violencia institucional es una de las asignaturas pendientes de la democracia argentina. La falta de respuestas de las políticas de seguridad desarrolladas y los hechos graves de violencia policial que se sucedieron en los últimos años pusieron en evidencia la inviabilidad política del modelo de seguridad sostenido históricamente y las consecuencias de la idea de descansar en la autogestión de las fuerzas policiales.
Informe de la Defensoría de Casación sobre casos de tortura y tratos inhumanos: “Basta de torturas a niños, niñas y adolescentes”.
El día 5 de marzo, en la sede de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), se presentó el “Nuevo Informe Periódico sobre Torturas y Tratos Inhumanos: a 15 años de la creación del Registro Provincial. Tortura a jóvenes e impunidad” de la Defensoría de Casación, en el marco de la cual intervinieron referentes de las distintas instituciones organizadoras: Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional Argentina, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (La Matanza), Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comité de Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, Defensoría General de La Matanza, Defensoría de Casación de la Prov. de Buenos Aires, Espacio Legislativo por los Derechos Humanos, Observatorio Social Legislativo de la Prov. de Buenos Aires.-
La defensa pública posee un registro de estos casos, creado hace 15 años lleva documentados más de 10 mil abusos de las fuerzas de seguridad. “Nos ocupamos de sistematizar los casos que relevan los defensores durante las entrevistas a los detenidos” mencionan el defensor de Casación Mario Coriolano.
Algunos testimonios que dan cuenta del panorama actual de los casos de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se suceden a diario en el territorio de la provincia. Varios de los niños denunciaron padecer el continuo hostigamiento policial, como en uno de los casos en el que efectivos de la Comisaría 1ra de Arrecifes “cada vez que (…) lo paran, lo [muelen] a palos. La última vez fue hace dos semanas. De los efectivos que le pegan, uno es B., el más agresivo que pareciera estar ensañado con el detenido. Que cada vez que lo ve, le quiere pegar” (hecho éste denunciado ante la Fiscalía en turno; Planilla PRINSI nº11.493).
También se registran casos de mayúscula crueldad, como el del niño de 14 años que habría sido torturado a través del pasaje de corriente eléctrica en el momento en que lo introdujeron dentro del móvil policial, previo pegarle un golpe de puño en el ojo derecho y golpes en la espalda con el bastón policial, hecho éste que fuera formalmente denunciado ante la Fiscalía nº8 de Mercedes (Planilla PRINSI nº11.634).
La primera vez que la Policía lo torturó, Gonzalo Encina tenía 15 años. Iba en moto por González Catán y perdió el control cuando los oficiales empezaron a perseguirlo. Se cayó, se lastimó y terminó detenido. En la comisaría los agentes le tiraron sal en las heridas y se las pisaron: “se te va a hacer gangrena”, lo amenazaron. La última vez que se cruzó con la Bonaerense -en septiembre de 2014- lo mataron.
A un pibe en la ciudad de Mercedes lo embadurnaron con nafta y lo acecharon con un encendedor. A un adolescente de La Matanza le pegaron piñas y patadas en la cara, le sacaron fotos y lo amenazaron con subirlas a Facebook. En General Pueyrredón detuvieron a un pibe y lo ataron a una silla: durante dos horas, alguien que se hacía pasar por un preso le decía que lo iba a violar.
En el 59 por ciento de los casos, tortura es igual a golpes. El resto son amenazas, agresiones con arma blanca, asfixia, hostigamiento y robo de pertenencias.
Cabe destacar que obran en los registros de este período, relatos de víctimas que habrían sido asfixiadas por agentes policiales o penitenciarios, ya sea a través de la inmersión de sus cabezas (práctica tristemente conocida como “submarino”) o a través de la utilización de bolsas plásticas o cualquier otro elemento que obstruya la respiración (“submarino seco”).
Con respecto a la Policía Bonaerense, la composición etaria del colectivo de sus víctimas puede contribuir al intento de explicar esta marcada disparidad.
En el marco de los 515 hechos de tortura denunciados, las víctimas señalaron también distintas carencias que implican un claro e ilegítimo agravamiento en sus condiciones de detención.
Obran también casos de abusos sexuales perpetrados por efectivos policiales o penitenciarios (o por otros detenidos habilitados al efecto -expresa o tácitamente- por los custodios), y casos en que los miembros de la Policía Bonaerense o del Servicio Penitenciario Provincial exigirían dinero a las víctimas (o a sus familiares) a los fines de dejarlos en libertad o, en su caso, facilitarles el acceso a determinadas condiciones de detención. Por último, en distintas denuncias se pone de manifiesto las condiciones inhumanas de los traslados, y lo vejatorio de las requisas que les son practicadas a los detenidos y detenidas, como en el caso de la joven que bajo la órbita del SPB, “fue desnudada por completo delante de un enfermero y agentes penitenciarios por una requisa. La querían obligar a abrir la cola delante de 9 personas (1 enfermero y 8 agentes)” (Planilla PRINSI nº11872).
En cada uno de los relatos, la mayoría de las víctimas manifestó haber sido sometidas a más de una modalidad de tortura o maltrato tales como golpes de puño o patadas (341 casos), golpes con objetos (palos, mangueras, entre otros; 55 casos), ataques con armas blancas (18 casos), aislamiento (30 casos), rotura o robo de pertenencias (16 casos), y amenazas y hostigamientos varios (114 casos).
De la información analizada surge que la mayor parte de las torturas relevados por las Defensas de La Matanza, Mercedes, Lomas de Zamora y Mar del Plata, tienen por responsables a funcionarios de la Policía provincial, mientras que los relevados por los/as integrantes de las defensas departamentales de San Nicolás, Morón y Trenque Lauquen apuntan al Servicio Penitenciario como principal responsable.
Podemos observar, asimismo, que en algunos departamentos judiciales habría cierta concentración de las torturas en determinadas seccionales policiales:
Algunas Conclusiones
Más del 65 % de los casos pertenece a la Policía Bonaerense. Estas prácticas forman parte de la cultura y del sistema de gobierno de las cárceles, comisarías, institutos de menores y unidades psiquiátricas.
En épocas donde se apela a la demagogia punitiva y a la policialización de la seguridad (como eje de campaña) damos cuenta de este informe, que no es más que el testimonio materializado de las víctimas de la violencia institucional. Violencia que se lleva a cabo no sólo a través de los funcionarios policiales o penitenciarios, sino que es un encadenamiento violento que va desde algunos sectores de la sociedad que legitiman la violencia o son parte (linchamiento) o cuándo observan hechos violentos y alientan a la policía a seguir golpeando; médicos que observando lesiones, heridas graves o hasta mortales, fraguan los informes o hacen caso omiso. Ciertos fiscales, jueces y defensores que sin ellos el “armado de causas” no sería posible, así como tampoco sería posible si realizaran controles a los penales, comisarías o si la “mano dura” fuera a la tortura. Candidatos políticos que apelan discursivamente a la mano dura o código justo (conservadurismo carente de ideas) pero también los sectores denominados progresistas que luego sus políticas de seguridad muestran cuanta más policía tienen (y prometen estar formando miles más) y a los medios de comunicación que estigmatizan al “pibe pobre” convirtiéndolo en el sujeto a temer.
El incremento del 241% en el registro de los casos de violencia contra niños y niñas, importa un alerta que requiere un abordaje prioritario. Se exige que se ponga en práctica el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y que se exija a las provincias que pongan en marcha sus organismos de control – según lo establece el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, la ley nacional 26.827 y Decreto reglamentario 465/2014 del Poder Ejecutivo Nacional.
En síntesis, la Mano dura sólo trae aparejada más violencia, muerte e inseguridad. Es decir, nadie puede estar seguro con la mano dura. Cuando pidas #NiUnaMenos, acordate también de estos pibes y pibas que merecen ser visibilizados y que marchen pidiendo para que no los/as torturen, desaparezcan o maten.
Fuentes y links de interés:
-
- http://cosecharoja.org/golpes–submarinos–y–engome–asi–torturan–a–los–pibes–bonaerenses/
- http://www.pensamientopenal.org.ar/?s=violencia+institucional
- http://www.comisionporlamemoria.org/
- Los Derechos Humanos frente a la violencia institucional. Ministerio de Educación de la Nación. Cuadernillo en línea.
