“(…)  Sería hipócrita o ingenuo creer que la ley se ha hecho para todo el mundo en nombre de todo el mundo; que es más prudente reconocer que se ha hecho para algunos y que recae sobre otros, que en principio obliga a todos los ciudadanos, pero que  se dirige principalmente a las clases más numerosas y menos ilustradas; que a diferencia de lo que ocurre con las leyes políticas y civiles, su aplicación no concierne por igual a todo el mundo, que en los tribunales la sociedad entera no juzga a uno de sus miembros, sino que una categoría social encargada del orden sanciona a otra que está dedicada al desorden (…)”

( Foucault 2008:281)

Introducción

Este artículo tiene como base teórica los trabajos formulados por el criminólogo y especialista en derecho penal Alberto Binder. A partir de la lectura de sus trabajos e investigaciones que son en alguna manera los presupuestos teóricos del presente artículo.

El objetivo de la publicación es dar cuenta de dos visiones contrapuestas del modelo de seguridad y su vínculo con la democracia. Es decir dos paradigmas que se contraponen en la búsqueda de “Un modelo de seguridad que brinde un horizonte de verdadera inclusión social, pero también la necesidad de planificar y articular políticas preventivas, disuasivas y represivas”. (Binder 2009)

Una de las mayores dificultades que presenta nuestra joven democracia, es la relacionada a la gestión de la violencia.  Sumado a la apología que se hace a través de los medios, frivolización en la forma de presentar la muerte, las violencias, las guerras y otros fenómenos brutales.

Cuantas más voces se sumen al concierto democrático, más conflictiva será la sociedad, por lo cual el conflicto puede verse como una cuestión necesaria y positiva, ya que en un horizonte de inclusión social debemos aceptar el aumento de la conflictividad. Pero es deber de los sistemas políticas de crear complejas herramientas de gestión de la conflictividad, para evitar que se instalen formas de poder abusivo.

En tal sentido se presentan dos visiones, dos modelos contrapuestos y antagónicos de entender el problema y las soluciones que admiten cada uno. La cuestión del tema de la seguridad no es algo que se dé solamente en el ámbito local, ocupa las agendas de la mayor parte del mundo. La inseguridad se vive como una situación de “pánico” permanente, fluctuando entre una sensación de “peste” con promesas de respuesta milagrosa ante esta situación.

 

La seguridad, dos modelos en pugna

permanezcan asustados

El primer modelo denominado “populismo penal” ve a la seguridad como un tema policial. Este es el modelo que ha preponderado por largo tiempo y que busca instalarse nuevamente como modelo posible. Es decir volver al viejo modelo de doble pacto como muchos criminólogos han denominado la gestión entre la policía, cierta dirigencia política y sectores de la criminalidad.

En este esquema de doble pacto la política hace un primer pacto con la institución policial dando cierto manejo de la seguridad y esta última con los sectores de la criminalidad a cambio de no sobrepasar ciertos márgenes establecidos, por supuesto que todos participan de la rentabilidad que se produce.

Mientras que el segundo modelo que denominamos de seguridad democrática entiende la política de seguridad de manera más amplia, compleja e integral y se desarrolla a través de todo un sistema de instituciones, que deben ser gobernadas por la dirigencia política, en la cual la policía es un actor muy importante pero a la cual no se le debe encargar el diseño y ni el gobierno de la política de seguridad.  

En el primer modelo denominado  populismo penal, la seguridad es un tema preponderantemente policial.

De esta manera genera una mirada del problema desde la institución policial que se materializa en pedir más poder de fuego, más facultades para la policía, para que al modo policial resuelva el problema de la criminalidad. Y cree que la corrupción policial es irreversible, y por lo tanto hay que admitir ciertos niveles de corrupción en las distintas instancias jerárquicas.

El modelo de gestión de la conflictividad es ante todo un modelo que entiende a la corrupción policial como uno de los principales obstáculos hacia el interior de la institución que les impide avanzar en la profesionalización y adquisición de derechos laborales que permita estar capacitada como actor central del sistema de seguridad.

El modelo de populismo penal posee una creencia mesiánica en el endurecimiento de leyes como política de control del delito. Esta creencia se basa en un derecho penal todoterreno por un lado, que se apoya en la idea de una ley penal dura, imaginando al delincuente como un homo economicus que analiza costos y beneficios antes de cometer un delito, y por otro lado la importación de políticas de limpieza social como es tolerancia cero. La base de esta idea se centra en el policiamiento de la seguridad, porque antes que nada se piensa el problema de la seguridad como una cuestión policial.

mirar por la cerradura ajena

En este modelo de seguridad las libertades públicas son antes que nada un obstáculo que hay que superar, ya que el enfoque que se le da a la seguridad se apoya en el orden público. En el modelo se seguridad democrática son las libertades públicas las que deben ser protegida por la política de seguridad. La cual también debe garantizar el acceso a la justicia y el trato justo de las fuerzas de seguridad.

El modelo de populismo penal conlleva inscripta la idea de orden como situación posible. La idea de orden tiene su raigambre histórica que proviene sobre todo desde el nacimiento del Estado moderno, y esto caló muy hondo en la formas de interpretar e intervenir sobre los problemas sociales. Este paradigma presenta al fenómeno criminal como un desorden social que debe restaurase. Por lo cual las políticas de seguridad serán políticas de restauración del orden.

El modelo de seguridad democrática plantea la necesidad de reemplazar la idea de orden por gestión de la conflictividad. Y este paradigma no quiere decir que se hará una mirada débil de los problemas de seguridad, sino que busca comprender la complejidad de la conflictividad de base. Es decir que sin poder entender, interpretar la clase, las características, las distintas intensidades de la conflictividad y sus alcances poco podrán hacer en términos de una política eficiente. Lo que se busca es poder  interpretar y entender los problemas de fondo.

Aquellos que sostienen el modelo de populismo penal o también denominado como demagogia punitiva se ven como los representantes del miedo social. Todos sus relatos, declaraciones u opiniones sobre el tema se basan en la idea de desorden y buscan convertir ese miedo en retórica de mano dura. Se sustenta la idea de combate y la formación policial se desarrolla en este esquema.

El modelo de gestión de la conflictividad se presenta ante todo como un modelo que convoca a la participación ciudadana ante las dificultades del sistema político para solucionar y generar la convivencia pacífica. Es decir generar instancias de debate, participación, foros vecinales de participación que puedan controlar el accionar de las fuerzas de seguridad y evitar el abuso de poder y ser parte del diseño de políticas públicas.  Asimismo generar un sistema institucionalizado de gestión de la conflictividad, que se traduce en dotar de herramientas a todo el sistema político.

El modelo de populismo penal, se presenta como una mirada conservadora y con muy pocas ideas, que no arriesga en el diseño de políticas para un fenómeno social complejo, que precisa también una mirada compleja y multifacética.

En la actualidad podemos observar como conviven dos formas de entender el problema de la criminalidad.

Por un lado un conservadurismo carente de ideas que se apoya en la creencia mesiánica del endurecimiento de leyes como política de control del delito.

Regar la fuerzas de control

Por el otro lado un progresismo que sostiene la necesidad de consolidar políticas públicas que permitan revertir condiciones sociales, generar inclusión social, educativa, laboral y cultural. Es decir mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres y marginalidad, cuestión no menor y en la que muchos que bregamos por la gestión democrática de los conflictos y en las políticas de inclusión estamos de acuerdo. Esta postura plantea dos problemas de base que son muy importantes. Por un lado presupone que la criminalidad es un problema de los sectores pobres, cuestión que es falsa. Lo segundo, es un problema pensar los temas de pobreza, desigualdad, marginalidad como un tema de seguridad, sino que deben ser abordados como una permanente lucha por justicia, dignidad e igualdad de las personas.

Es el progresismo quien debe generar políticas integrales que permitan salir de esta encerrona del modelo de policiamiento como política de seguridad. El modelo de populismo penal ha generado y genera altísimos niveles de presionización, políticas de limpieza social como tolerancia cero que sólo tiene como objetivo el control, detención y encarcelamiento de los excluidos. A su vez en las instituciones carcelarias se producen constantes y sistemáticas violaciones a los derechos más elementales, convirtiéndose en lugares de depósito y eliminación de los excluidos del mercado.

 

Algunas consideraciones a tener en cuenta

En estos momentos el desafío central es la discusión de ideas democráticas, que consoliden sistemas institucionales acordes con las problemáticas actuales. Dentro del actual Estado de derecho debemos exigir a la dirigencia política que sea el actor que debe gobernar el sistema de seguridad y le quite a la institución policial el autogobierno de la seguridad que pone en jaque la gobernabilidad democrática.

Otro desafío es pensar a la democracia como un sistema desordenado y conflictivo. Por lo cual nos obliga a abandonar la idea de orden por la de gestión de la conflictividad. La sociedad actual se muestra profundamente desigual, donde muchísimas personas se encuentran al margen de los derechos. Pero es una realidad, que el proceso actual de inclusión generado en esta última década nos obliga a pensar estrategias, mecanismos de participación y diseños de políticas que puedan abordar la complejidad y conflictividad generada por la inclusión social.

El sistema penal descarga hoy todo su accionar sobre los sectores mas vulnerados de la sociedad, es decir que tiene como blanco estigmatizante a los jóvenes varones de barrios pobres, los cuáles al no ser clientes del mercado, son clientes del sistema penal.

Es el Estado, mediante el estado actual de las instituciones vinculadas a la educación y custodia de menores infractores y la gravísima situación de los establecimientos penitenciarios con políticas ausentes y violatorias de Derechos Humanos, quien genera un espiral violento que luego se descarga sobre la sociedad.

La idea de un gobierno democrático de la seguridad y de gestión de la conflictividad requiere de instituciones que en la actualidad no existen, estan paralizadas,  como es el patronato de liberaros, o desfinanciados como sucede con el sistema de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes, según la ley 13.298. Este sistema no puede funcionar sin promoción y protección de derechos y sin un sistema garantista ya que sólo se ha dejado el sistema penal juvenil. No se llega antes a los jóvenes, ya que sin planteles, vaciados los equipos territoriales es tierra fértil para que las economías delictivas juntamente con el accionar policial espurio en los distintos barrios pobres recluten jóvenes como mano de obra pero con fecha de vencimiento. Este desamparo de ciertas instituciones del Estado abre el camino a el otro Estado, el Estado penal, que amparado por la demagogia punitiva que estigmatiza al joven humilde como el germen de todos los males de la sociedad y que es repetido y amplificado por los grandes medios de comunicación constantemente.

La democracia reclama políticas de seguridad que superen y eviten las formas conservadoras y simplistas  ajenas a las ideas democráticas y que tengan un verdadero horizonte de inclusión social. La piedra angular del paradigma de la gestión de la conflictividad es la multiagencialidad y multiactoralidad en el diseño y ejecución de las políticas públicas y la construcción de consensos sociales y políticos.

 

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